Casos reales

Casos reales llevados por nuestro despacho en los últimos meses:

1.- Proceso de reclamación

Alberto F. G. trabajaba por entonces (y allí sigue) en una cadena de montaje de coches. La maquinaria que monta los coches es muy precisa, pero hay que ser cuidadoso con ella para evitar lesiones y peligros. En concreto, un brazo mecánico de ensamblaje no estaba ese día señalizado adecuadamente. Alberto F. G. no lo vio y le golpeó en la garganta. Apenas le dolió y no necesitó ingresar en el hospital, únicamente recibió asistencia sanitaria en el ambulatorio.

Aunque aparentemente no había sufrido ninguna secuela, poco a poco se dieron cuenta de que su voz había cambiado, perdiendo intensidad. Antes de acudir a mí consultó con un Inspector de Trabajo que cuantificó su lesión en 750€, prácticamente el mínimo señalado por la ley.

Como Alberto F. G. no estaba conforme con lo que le habían dicho concertó una cita conmigo. Las pruebas del otorrinolaringólogo determinaron que la voz de mi cliente se había visto alterada, sin perder su reconocimiento social. A veces incluso tenía que forzar un poco para que le oyesen bien. Seguro de ganar, presenté una reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El Equipo de Valoración de Incapacidades corroboró el informe médico de Alberto F. G. y le concedieron la mayor indemnización por este tipo de secuelas: 2.420€. Y como su empresa tenía suscrito un seguro especial para sus empleados, recibió otros 1.500€. Casi 4.000€ en total para mi cliente.

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2.- Indemnización por mesotelioma maligno

El trabajador fallecido era obrero con categoría profesional de oficial de segunda clase en un astillero. Sus tareas estaban básicamente circunscritas a la alineaciones y rasantes correctas para la colocación de las unidades propulsoras. En la sala de máquinas era habitual por aquel entonces, entre los años 1950 a 1980, el uso intensivo de amianto, como elementos ignífugo para evitar el incendio de los elementos que formaban parte de la cámara de motores.

El trabajador José Manuel. A.P, de 61 años falleció en el mes de agosto de 2013, tras haber sido detectado un tumor maligno en la pleura de su pulmón derecho, una patología provocada por la inhalación de amianto. El hecho de haber sido fumador compulsivo impidió en su momento un diagnóstico correcto de esta enfermedad, que le hizo recaer en varias ocasiones. Con todo, el mesotelioma maligno, y como ocurrió en este caso, suele ser mortal.

Meses antes, en enero 2012, el trabajador, que contaba entonces 59 años, fue despedido con una indemnización a razón de 45 días por año trabajado y 33 días por año trabajado, contabilizada antes y después de la reforma laboral de 2012, respectivamente, una situación aceptada previamente por la empresa como improcedente.

De modo que después de recibir la carta de despido y posteriormente de presentar la preceptiva papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no hizo falta juicio. El trabajador y la empresa quedaron definitivamente desvinculados con un acuerdo extrajudicial. El empleado recibió como indemnización por todos los conceptos un total de77.125 €, y pasó a la situación de desempleo.

Fallecido meses después, y persuadidos por un sindicato de trabajadores, la familia -su viuda y dos hijos mayores ambos de 25 años- decidieron acudir a nuestro despacho de abogados laboralistas en Madrid. La negativa de la empresa a reconocer que la situación del trabajador se había producido por su prolongada exposición al amianto no consiguió que la familia se rindiese.

Conocido en nuestro despacho laboralista el interés de la familia por poner en valor la memoria de la persona fallecida por motivos estrictamente profesionales, se formuló demanda al amparo de los artículos 2.b. 16, 17 y 19 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social, incluyendo en el escrito todas las consideraciones preceptivas y procesales para su admisión por el Juzgado de lo Social turnado.

El sindicato mayoritario del astillero, del que el trabajador era afiliado, anunció que, en defecto de la de la familia, también formularía demanda en el mismo sentido, al amparo del artículo 20 de la citada ley. Pero finamente renunció a tal posibilidad al servir enteramente a su propósito la demanda interpuesta por nuestro despacho de abogados especialistas de Madrid.

La empresa alegó de contrario que el trabajador era fumador y que eso podría haber provocado la enfermedad pulmonar. Además, alegó que nunca se había sometido a los reconocimientos médicos que la empresa realizaba cada año a su plantilla.

También, y principalmente, que la enfermedad se le produjo casi 16 años después de no estar en aquel puesto de trabajo y que ningún otro compañero había padecido tal patología.

De esta forma, las circunstancias hacían necesario invocar en la estrategia de defensa del trabajador el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, y la muy reveladora y tajante jurisprudencia del Tribunal Supremo a tal efecto.

El alto tribunal considera en su doctrina más consolidada que las enfermedades profesionales pueden parecerse a las comunes, pero no por ello deben confundirse. Esta situación de hipotética confusión como enfermedad común, debe ser probada por el demandado, despejando las dudas que sobre este aspecto puedan recaer.

La alegación de que el trabajador era fumador empedernido y que en varias ocasiones se había certificado una baja médica por este motivo a lo largo de su vida profesional, destruía, a juicio de la empresa, la posibilidad de que el resultado fuese exclusivamente atribuible a su desempeño en el astillero.

Además, el trabajador fallecido nunca había acudido a los análisis clínicos anuales, lo que, a juicio de la adversa, podría haber sido una forma fácil de detectar la patología, desplazando así la responsabilidad al empleado. Como abogados laboralistas, descartamos por completo esta versión.

Es reconocido por contrastados informes médicos a nivel mundial que el mesotelioma maligno puede infectar la pleura –y en otros órganos- años después de que haya dejado de inhalarse este producto venenoso. Esto explicaría que hubiesen pasado para su detección casi 16 años. La identificación posterior de la patología se produjo en un chequeo rutinario, más de un año y medio después de haber sido despedido.

Si bien es cierto que no se trata de un hecho en el que se haya detectado un abuso por parte del empresario, o una falta de seguridad tal como hoy se entiende, por cuanto en aquella época se desconocía la toxicidad de tal producto, no es menos cierto que el negligente uso intensivo generó en sí mismo la patología que causó la muerte. La relación causal directa entre el amianto y la enfermedad no ofreció dudas al juez de lo Social.

Pero hubo un elemento más que dejó totalmente convencido al juzgador. Uno de los hijos del trabajador fallecido contrajo también la enfermedad. Y no trabajaba en el astillero. Aunque no llegó a reproducirse de forma alarmante y pudo ser atajado con tratamiento suave de quimioterapia.

La familia fue indemnizada en conjunto con cerca de 90.000 €. Y abrió la puerta a nuevas reclamaciones exitosas de otros trabajadores en la misma situación, que otros abogados laboralistas especialistas en Madrid podrán seguir.

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3.- Reclamación a la Seguridad Social

A principios de este año acudió a mi despacho el señor Luis V.P., un joven trabajador de una industria de galvanizados, bastante preocupado, a consultarme sobre cuál debería ser el procedimiento a seguir por motivo del grave accidente que sufrió a los pocos días de empezar a trabajar y que le había dejado postrado en una silla de ruedas.

El desafortunado acontecimiento sucedió hacía ya casi un año. Lo primero que me expresó el señor V.P. es que él no cometió en ese momento ningún tipo de imprudencia que hubiera ocasionado tal accidente, y que de hecho el andamio desde dónde se cayó se encontraba mal anclado.A su vez, actualmente se encontraba en tratamiento médico para conseguir recuperarse de sus lesiones, además de que estaba percibiendo por parte de la Seguridad Social una cantidad de dinero porque evidentemente estaba de baja y no podía ir a trabajar. Es decir que se encontraba percibiendo el famoso y vulgarmente denominado porcentaje por incapacidad temporal.

Pero el motivo de la consulta era, que en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (una de las varias veces que allí acudió), los funcionarios que llevaban este tema le expresaron que la prestación por incapacidad temporal no podía seguir percibiéndose una vez trascurridos 365 días desde su concesión (esto es el día del accidente), al ser imposible su prórroga por motivo de que la recuperación no se iba a poder producir en un futuro, al ser los daños irreversibles. Las cantidades que iban abonándole y que le estaban sirviendo para subsistir, finalizaban por tanto al mes siguiente.Por lo que me preguntó: ¿qué puedo hacer cuando llegue ese momento?

Bueno realmente le expliqué que no hay ningún problema con ello, ya que cuando se termina la situación de Incapacidad temporal, si el trabajador aún no ha recibido el alta médica, es el momento de solicitar ante la Administración que se pase a alguno de los tipos de invalidez de los contemplados en nuestra legislación, para que con ello pueda seguir percibiendo otra prestación distinta.

Acto seguido también indiqué al señor Luis V.P. que era necesario que me enseñara el contrato de trabajo que en su día firmó con la empresa, ya que en la solicitud teníamos que tomar como referencia el sueldoa percibir, para poder establecer con ello la base de cotización y en definitiva la nueva prestación económica a establecerse.

Por su parte, otra de las cuestiones que me  planteó, era que puesto que no había cotizado absolutamente nada a la Seguridad Social (ya que era la primera vez que trabajaba), tendría algún problema. La respuesta que le di es que tampoco existía ningún tipo de problema ya que en un accidente en el derecho laboral no se necesita haber realizado cotizaciones previas para tener derecho a la prestación que corresponda. De hecho la incapacidad temporal sigue esta misma regla y por eso la estaba pudiendo percibir, lo que demostraba que la Administración de la Seguridad había seguido, hasta el momento, un criterio correcto.

La forma en que el Sistema protege este tipo de desgracias depende lógicamente de la importancia de las lesiones sufridas. Las compensaciones por accidente de trabajo de Seguridad Social, se dividen en dos categorías: prestaciones a tanto alzado (pago único) o pensiones vitalicias. El señor Luis V.P. se quedó sin movilidad en las piernas, por lo que entendí que se podía obtener el grado de incapacidad permanente absoluta y con ello una prestación mensual y periódica para mi cliente.

El trabajador por nómina percibía mensualmente la cantidad de 800 €, de modo que para este caso dadas sus circunstancias laborales, esta cantidad es su base de cotización.La pensión sería por lo tanto el 100% de esta base, pero además habría que considerar un porcentaje adicional por motivo de que la culpabilidad del accidente se puede imputar a la empresa, por no tener en buenas condiciones sus instalaciones. De modo que solicité un incremento de un 50% más por tal circunstancia (que además compete pagar a la propia empresa). Todo en relación al expediente sancionador por el que la Seguridad había procedido a multar a la misma.

Finalmente una vez presentado el escrito ante el órgano competente y manifestando en él todas y cada una de las razones que he explicado anteriormente, la Administración accedió extrajudicialmente a nuestras pretensiones, una vez evidentemente superados por parte del señor Luis V.P., todos los exámenes médicos como para calificar su incapacidad como permanente absoluta. En conclusión el trabajador consiguió una pensión vitalicia por importe mensual de 1.200 €, pagaderos en 14 mensualidades al año, esto es, un total de 16.800 € anuales.

A los pocos días de recibir en mi despacho la resolución favorable del señor Luis V.P. sobre su incapacidad, le llamé para que vinierade nuevo a verme a mi despacho. Le informé de que ciertasempresas estaban obligadas a tener contratado un seguro privado de responsabilidad civil, por motivo de la aplicación de los convenios colectivos de ciertos sectores de la producción de especial peligrosidad. Reclamando ante la empresa o subsidiariamente a la compañía de seguros en caso de tener asegurados estos riesgos, como fue el caso, para así obtener otra indemnización por accidente laboral, pero esta vez de naturaleza privada.

Por lo que aconsejé  a mi cliente, al estar en su derecho a reclamar esta indemnización. En primer lugar, de forma extrajudicial, sin perjuicio de que de ser infructuoso el intento pudiéramos acudir a la vía judicial, planteamos nuestra pretensión ante la empresa, la cual remitió el correspondiente parte  a la compañía aseguradora, que se puso en contacto con mi despacho para que trasmitiera a mi cliente la aceptación del pago de la indemnización, que por convenio y según la póliza contratada por la empresa, para  el caso de una incapacidad profesional absoluta le correspondían 48.000 €.

Una vez aceptada la misma, mi cliente además de la pensión vitalicia a percibir de la Seguridad Social de 1.200 €, obtuvo la indemnización civil por parte de la compañía aseguradora de la empresa para la que trabajaba, viendo así resarcido parte del daño que desgraciadamente sufrió en su trabajo, concluyendo por tanto, que gracias a haber tenido un asesoramiento correcto y especializado en la materia, pudo ver compensada su situación.

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4.- Delitos contra los derechos de los trabajadores

El primero trata sobre un trabajador que estuvo trabajando durante más de un año de forma ilegal y sin cobrar lo legalmente establecido. El segundo ejemplo contempla el engaño que sufrió una trabajadora, donde un empresario le ofrecía un puesto de trabajo en el extranjero, siendo mentira. En el tercer ejemplo contaré la discriminación que sufrió un trabajador por pertenecer a la etnia gitana, y por último, trataré el ejemplo de un trabajador víctima de un accidente laboral por el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales por parte de su empresario.

Mario R. T. vino a mi despacho para que le asesorara en cuanto a su situación laboral se refería. Desde hacía más de un año se encontraba trabajando para una empresa sin estar dado de alta en la Seguridad Social, y cobrando menos de la mitad de lo que establecía el Convenio Colectivo de aplicación para su jornada de trabajo y su categoría laboral.

El empresario engañó a mi cliente alegando que sí que se encontraba dado de alta en la Seguridad Social, a pesar de que era mentira. Además, debido a que mi cliente era recién licenciado y era su primer trabajo, el empresario abusó de su situación de superioridad para aprovecharse de él. Después de estudiar su caso, denuncié al empresario por la comisión del delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, y mi cliente obtuvo 7.000 € en concepto de salarios atrasados, además de las cotizaciones desde el primer día que empezó a trabajar en la empresa.

En el siguiente caso mi defendida fue Sonia P. M., que fue víctima del delito contra los derechos de los trabajadores, establecido en el artículo 313 del Código Penal. Una empresa española se puso en contacto con mi clienta para ofrecerle un trabajo en Estados Unidos. Tras estudiar la oferta de trabajo, mi clienta la aceptó, y antes de marcharse de viaje firmó un contrato de trabajo en el que se pactaban todas sus condiciones laborales.

Cuando mi clienta llegó a su lugar de destino se dio cuenta de que todo se trataba de un engaño, ya que el contrato de trabajo que había firmado en España era falso, y allí no existía la empresa donde supuestamente iba a prestar sus servicios. Ante esta situación contactó conmigo, y con todas las pruebas de las que disponíamos pudimos demostrar que la empresa había cometido el delito contemplado en el Código Penal. Finalmente, el Tribunal condenó a la empresa, y ésta tuvo que resarcir a mi clienta con la cantidad de 5.000 €, por los gastos que había tenido que afrontar a causa del engaño.

El protagonista del siguiente caso es Juan María S. R., que pertenece a la etnia gitana. Debido a su razael empresario que le tenía contratado estuvo discriminándole durante más de dos años. Le obligaba a trabajar más horas que al resto de sus compañeros, tenía un salario inferior a los demás trabajadores con la misma categoría que él, y no tenía ningún día libre, ya que el empresario alegaba que por pertenecer a la etnia gitana “tenía que estar a su servicio cuando él quisiera”.

Ante esta situación Juan María S. R. requirió mis servicios profesionales, y después de conseguir el testimonio de otros trabajadores y la documentación donde se demostraba que mi cliente había sufrido discriminación por pertenecer a una etnia distinta a la del empresario, el Tribunal condenó al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores contemplado en el artículo 314 del Código Penal, y la empresa tuvo que abonar a mi cliente la cantidad de 10.000 € en concepto de atrasos de salarios e indemnización por daños morales.

Por último voy a explicar el caso de mi cliente Alonso G. A., que debido a que su jefe le obligó a subirse a un tejado sin ningún medio de seguridad, e incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, sufrió un accidente laboral que le provocó una incapacidad permanente. Además de la indemnización que mi cliente percibió por la incapacidad permanente sufrida, ya que no puede volver a trabajar como albañil, que era su profesión, la empresa fue condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Del estudio de estos casos podemos concluir con la idea de que si usted cree que puede ser víctima de alguno de los delitos contra los derechos de los trabajadores en Madrid, debe poner su caso ante un abogado experto en esta materia, para que denuncie a la empresa infractora y pueda garantizar sus derechos como trabajador.

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5.- Indemnización por accidente laboral

Un cliente me visitó en mi despacho de abogados laboralistas para exponerme su caso y darme traslado de los hechos que le habían ocurrido a él un año atrás en virtud de los cuales pretendía solicitar una indemnización por accidente laboral en Madrid: Ángel J.G. , obrero de la construcción, junto con el encargado de la obra en ausencia del empresario, se encontraban ascendiendo un edificio subidos en un andamio, cuando a la altura del piso séptimo, el andamio comenzó a inclinarse hacia la izquierda, provocando el desequilibrio de toda su estructura, a resultas de lo cual cedió una de las plumas de sujeción, por insuficiencia del contrapeso empleado, lo que produjo la caída de la estructura junto a los dos trabajadores hasta la base del edificio. Como consecuencia del accidente  don Ángel sufrió lesiones graves  perdiendo de forma total e irreversible la movilidad en sus dos piernas.

Como reacción ante de estos hechos le indiqué a D. Ángel que podíamos demandar judicialmente para ser indemnizado por la entidad para la que trabajaba,  por concurrencia de culpa extracontractual, al entender que tales lesiones se habían producido a consecuencia de culpa exclusiva de la empresa por no  haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente.

Unos días después presentamos la demanda judicial fundamentada en la culpa de la empresa en cuanto en casos de actividades especialmente peligrosas, como la que se desarrollaba por la víctima, no es suficiente el cumplimiento de las normas y reglamentos, debiendo el empresario extremar su diligencia. La seguridad en el trabajo tiene por finalidad la ausencia de riesgo para la vida y salud del trabajador, dimanante de las condiciones materiales en que se desarrolla la actividad laboral, exigiéndose a quien dirige el proceso y la organización de la empresa que adopte todas las medidas de vigilancia y control de los riesgos en el desarrollo de la prestación laboral. La demanda terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se declarara que la entidad demandada era responsable civil de los daños y perjuicios derivados del accidente laboral ocurrido condenando a indemnizar los daños y prejuicios producidos en la cantidad de 380.205 €.

Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas el Juez dictó sentencia en que estimó parcialmente la demanda formulada condenando a al empresa a indemnizar al actor en la cantidad de 228.160,20 € en cuanto consideró que existía concurrencia de culpas en el accidente producido entendiendo que D. Ángel pudo ser más cauto y usar las medidas de seguridad que sí existían en la empresa. La condena por tanto fue por las medidas que no existían así como por no vigilar y controlar la utilización de las que sí existían.

El balance de los resultados obtenidos fue muy positivo para D. Ángel en cuanto, aunque no obtuvimos el total de lo reclamado (ya valoramos que esto era lo más habitual que sucediera) conseguimos una indemnización bastante alta, lo cual sumada a la prestación por invalidez que la seguridad social le había reconocido de 920 € al mes le permitirían poder atender sus necesidades y vivir de forma digna ante la incapacidad para trabajar que el accidente le había causado. Éste es un caso de más, de los muchos que hemos conocido en mi despacho, de indemnización por accidente laboral en Madrid, que terminó con un resultado exitoso.

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6.- Derechos del trabajador

Dña. María J.S., mujer viuda de 49 años, y D. Antonio G.H. un hombre de 48 años, peón de albañil en el sector de la construcción, acudieron a consultarnos si se podría demandar a la empresa en la que D. Antonio y el marido de Dña. María trabajaban desde hacía años por un accidente laboral en Madrid.

La empresa en la que trabajaba D. Antonio y el marido de Dña.María era una empresa constructora,  y  ambos se encontraban realizando unas tareas de enfoscado en un edificio, cuando el día 21 de noviembre de 2013 el marido de María falleció al caer desde un andamio que estaba a 7 metros de altura.  No tenían hijos en común, y su esposa no trabajaba,  se dedicaba a las tareas domésticas.

Por su parte Antonio, que estaba con el fallecido trabajando, sufrió la caída desde una altura menor, quedándole como secuelas la pérdida del bazo y grandes cicatrices en la parte derecha del rostro que le impedían gesticular. Estuvo tres meses de baja por accidente laboral, pero no le han quedado lesiones que le impidan dedicarse a su profesión habitual de albañil.

En primer lugar, informamos a nuestros clientes que sí tienen derecho a una indemnización, puesto que el accidente ha sido consecuencia directa de la realización de su trabajo durante la jornada laboral.

Incluso el propio Convenio Colectivo de la Construcción, contempla indemnizaciones para los trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo.

Para determinar qué cuantía les corresponde a cada uno, acudiremos tanto al baremo de tráfico del año 2013, que se aplica de forma análoga para los accidentes laborales, y a la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, dónde se establecen las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.

Para Dña. María, viuda de 49 años,  sin trabajo y sin hijos le correspondería según el baremo de tráfico del año 2013, la cantidad de 114.691,14 €, pero como no tiene ingresos, podremos aumentar ese importe añadiendo un factor de corrección del 10% tal y como establece el baremo que estamos aplicando, por lo que la cuantía total a percibir por Dña. María por la pérdida de su esposo sería de: 114.691,14€ +10%= 126.160,25 €

En cuanto a D. Antonio, que ha sufrido secuelas importantes aunque no le invalidan para seguir trabajando, podríamos conseguirle a tanto alzado la siguiente indemnización:

Por la pérdida del bazo: 2.420 €

Por la cicatriz en la parte derecha de su rostro: hasta 7.940 €

En total para D. Antonio: 10.360 € de indemnización por el accidente laboral sufrido.

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7.- Reclamación de indemnización

Un ejemplo de indemnización por accidente de trabajo es el caso de Marcos D.G. quien sufrió un accidente cuando un maderose atascó en el tambor de la sierra múltiple con la que trabajaba. Marcos accedió a la cabina de la máquina para desatascarlo. Marcos D.G. paró los tambores e intentó desatascar el madero, pero la sierra estaba aún girando, por lo que le ocasionó lesiones de gravedad en un brazo.

Una vez Marcos se puso en contacto conmigo, pude estudiar el caso y darme cuenta de que existían algunos incumplimientos por parte de la empresa, pues no había manual de instrucciones para la máquina, existía una propuesta de medidas preventivas aún pendiente de implementación. Identificamos una insuficiencia de dispositivos de protección.

En este caso presenté demanda de responsabilidad civil contra la empresa por un montante de42.526,85 €, aún en tramitación, y una reclamación a la mutua por Incapacidad permanente parcial. La indemnización por incapacidad ha sido estimada recientemente por un importe de 36.480 €sobre la base de la nómina de mi cliente.

Por otro lado, entre las responsabilidades que pueden derivarse un accidente de trabajo se encuentra el recargo de prestaciones regulado en el artículo 123 LGSS. Este recargo está supeditado al incumplimiento empresarial de medidas de prevención de riesgos laborales. Para la tramitación de esta reclamación se ha presentado la correspondiente denuncia ante la Inspección de trabajo.

Puesto que ese incumplimiento existe en el presente caso, el empleadorserá también responsable del abono del recargo de prestaciones a favor de Marcos D.C.

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8.- Indemnizaciones con lesiones

Rosa, P.V había quedado viuda en Enero de 2014 como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió su marido, que le provocó la muerte. Rosa tiene dos hijos, Miguel, R.P y Marta, R.P, ambos de 16 años de edad, y que como consecuencia del accidente quedaron huérfanos de padre. Debido a que Rosa no sabía los derechos económicos que le correspondían, contactó conmigo, para que le asesorara en el procedimiento. Para calcular las indemnizaciones que le correspondían tanto a ella como a sus hijos, utilicé el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico.

Debido a que el marido de Rosa tenía 45 años en el momento del accidente, según el baremo de indemnizaciones, a Rosa le correspondía una cantidad de 115.035,21 €, y a sus hijos 47.931,33 € a cada uno. Además, debido a que se establecen unos factores de corrección de estas cantidades según la remuneración neta anual que tuviera la víctima, y debido a que el marido de Rosa ganaba 95.900 € netos al año, pude corregir las indemnizaciones en un 51 %. Por lo tanto, las indemnizaciones que reclamé para mis clientes fueron de 173.703,17 € para Rosa, y 72.376,31 € para cada uno de los hijos.

El siguiente caso que llevé en relación a este asunto fue el de Pedro, S.O. Este cliente, como consecuencia de un accidente laboral, fue declarado incapacitado permanentemente. Resbaló y se precipitó desde un segundo piso, lo que le provocó una abolición total de la movilidad del hombro izquierdo, lo que le impedía seguir trabajando como fontanero. La clasificación y valoración de secuelas establece una puntuación para cada lesión, y en este caso, a la lesión de mi cliente le da una puntuación de 20.

Por lo tanto, una vez que sabía la puntuación de la lesión, apliqué el baremo de indemnizaciones por accidente, donde según la edad de mi cliente, que tenía 42 años, le da un valor de 1.258,60 €. Al multiplicar las cantidades, la indemnización a reclamar ascendió a 25.172,00 €. Al aplicar el porcentaje de corrección del 10 %, ya que mi cliente tenía una remuneración neta anual de 28.000,00 €, la indemnización total fue de 27.689,20 €.

Para terminar, el último caso que voy a contar es de Antonio, R.T, que fue víctima de un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad temporal durante ciento noventa y ocho días. De éstos, siete días estuvo hospitalizado (el baremo los denomina días de baja), ciento veintitrés días en los que no pudo hacer su trabajo o actividad habitual (el baremo los denomina días impeditivos), y sesenta y ocho días en los que ya pudo incorporarse a trabajar, pero que tuvo que seguir en tratamiento médico hasta su completa curación (la norma los denomina días no impeditivos).

Mi cliente me comentó que había buscado información sobre cómo calcular la indemnización que le correspondía en foros de abogados laboralistas, sin embargo, decidió contactar conmigo porque es recomendable poner estos temas en manos de expertos, ya que es necesario conocer bien la legislación aplicable, y tener experiencia tramitando este tipo de reclamaciones.

Para calcular la indemnización a la que mi cliente tenía derecho, apliqué el baremo de indemnizaciones de accidentes, en el que se establecen las cantidades de 71,84 € por cada día de estancia en el hospital; 58,41 € por cada día impeditivo; y 31,43 € por cada día no impeditivo. Por lo tanto, al hacer los cálculos oportunos las cantidades ascendieron a 502,88 € por los días de baja; 7.184,43 € por los días impeditivos; y 2.137,24 € por los días no impeditivos. Al sumar estas cantidades, la indemnización fue de 9.824,55 €.

Esta cantidad pude aumentarla en un 26 %, ya que mi cliente percibe una remuneración neta anual de 57.500,00 €, así que la indemnización reclamable ascendió a 12.378,93 €. Al comprobar que la reclamación había sido un éxito no se arrepintió de haber puesto su caso en mis manos, ya que a pesar de que es un procedimiento sencillo, es necesario conocer a fondo la legislación aplicable a cada caso.

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9.- Cómo reclamar a la Seguridad Social

Hace unos años acudió a mi, Jaume M.M, que tras unos años trabajando en el extranjero, recibió una carta de la seguridad social en su anterior domicilio. En tres ocasiones acudió a la delegación que le correspondía para notificar su actual domicilio, pues es obligación del ciudadano actualizar correctamente sus datos ante la administración, pero aun así, le seguían enviando la correspondencia al antiguo domicilio.

Tras mucho discutir, se decidió a contactarme como experto abogado laboralista,y  lo primero que hice fue advertirle que, aunque parezca una tontería, si no estaba correctamente su dirección en la seguridad social, cualquier comunicación que le enviaran se le tendría por notificado al segundo intento. Resulta irrelevante  si efectivamente las había recibido y leído o no, pues la administración solo está obligada a hacer la comunicación en el domicilio que le conste.

Tras presentar su reclamación de forma telemática y antes del plazo estipulado, Jaume M.M., por fin logró cambiar correctamente su dirección a su actual domicilio.Esto hizo que le notificaran correctamente y en plazo el inicio de un procedimiento que de no haberlo hecho le habría supuesto una sanción de 6,000€.

Nadia C.A., acudió a mí, tras mantener una serie de consultas en mi foro de abogados laboralista. Tenía un problema con la seguridad social y no se atrevía a acudir a mi consulta porque pensaba que el coste sería muy elevado. Cuando le dije que la primera consulta era gratuita y el coste sería en función de la cuantía procedimiento, se animó a verme.

Su problema más bien fue un error de la seguridad social, porque por culpa de un fallo informático, no le cargaban las cuotas de autónomos en su cuenta. Al principio pensó que era un problema del banco, así que cambió de entidad bancaria. Pero cuando pasados unos meses seguían sin cargarle las cuotas de la seguridad social, fue a su delegación para ver si estaba correcto todo.

Ahí le indicaron que todo estaba bien, con lo cual, pensó que ya estaba resuelto. Para su sorpresa, no solo no le seguían cargando las cuotas de autónomos sino que además le reclamaban 5,000€ en concepto de atrasa.

Gracias a mi intervención como abogada experta en reclamaciones a la seguridad social en Madrid,no solo conseguí que la seguridad social rectificara y admitiera que había sido un error informático, sino que además le ahorré los 5,000€ que le estaban reclamando por los atrasos.

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10.- Cobro de salarios atrasados

Xavier. V. G., de 59 años, periodista, recibió la carta de desvinculación por la que la empresa le ofrecía casi 77.000€ en concepto de indemnización por 25 años de trabajo. No estando de acuerdo con la cantidad, decidió no firmar nada, e inmediatamente se puso en contacto con nuestro despacho a través de un foro de abogados laboralistas.

Al día siguiente, el cliente explicó en el despacho que había trabajado en el medio de comunicación, que ahora había iniciado los trámites del despido, un total de 30 años. Y que los 25 años que le reconocía la empresa en la indemnización no eran correctos, puesto que había trabajado otros cinco, aunque sin contrato. A mayores estaba la diferencia entre los 35 días ofrecidos y los hasta 45 días que, en casos, marca la ley.

En realidad, según su criterio temporal, y partiendo de nuestros primeros cálculos, le corresponderían, en números redondos, otros 51.400€, que sumados a los ofrecidos, completaban un total de 128.400€.Siguiendo nuestro consejo, solicitó cita en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (que sí está descentralizado por Comunidades Autónomas) la preceptiva papeleta de conciliación, en aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa se negó rotundamente a aplicar el incremento en la cifra que estaba dispuesta a ofrecerle. Llegó el día de la cita de conciliación, que es previa e imperativa a la presentación de la demanda, y tampoco hubo acuerdo entre las partes. El trabajador despedido, ya oficialmente, no había cobrado aún nada desde que causó baja en la nómina de la empresa.

En la misma semana se interpuso la demanda ante el Juzgado de lo Social turnado. Los Juzgados de lo Social permanecen abiertos en verano, frente al calendario que excluye estas fechas de otro tipo de órganos jurisdiccionales.

Contestada la demanda por la adversa, alegaba en su escrito que el trabajador había causado alta hacía 25 años y que no podía admitir tiempo de trabajo antes, por cuanto no constaba en el libro de contratos de la empresa.

La empresa no sólo no tuvo en cuenta las opciones de respuesta profesional del abogado experto en Derecho del Trabajo, sino que olvidaba que el hecho de tener a un trabajador sin un contrato determinado, normalmente por escrito, incumple flagrantemente el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puede ser considerado un doble fraude a la Seguridad Social por impago de las cotizaciones correspondientes.

Una vez fijada por providencia del Juzgado de lo Social la fecha de la vista, el trabajador, por sugerencia nuestra, recabó todo tipo de datos para argumentar que había estado trabajando durante esos cinco años que no querían reconocerle a efectos indemnizatorios. Lo tuvo fácil y ni siquiera necesitaba testigos. Aunque también lo consiguió de antiguos trabajadores.

Era fácil porque logró reunir cientos de recortes de prensa de su época precontractual, la misma que la empresa no quería reconocerle.

Finalmente, y ante la evidencia de la capacidad probatoria de los recortes de Prensa, que manifestaban sin duda la regularidad de su trabajo en el medio de comunicación barcelonés, en la antesala del Juzgado la parte empresarial ofreció subir hasta 110.000€. Pero el periodista despedido no quiso bajar ni un euro de la cifra que nosotros le aconsejamos. Y así lo hizo.

La empresa subió hasta los 128.000€, contabilizando los dos conceptos, estos es, hasta 45 días y atrasos impagados por inexistencia de contrato. Finalmente se validó el despido con un acuerdo transaccional por aceptar la empresa que era improcedente y abonando la cifra solicitada, menos unos simbólicos 400€.

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11.- Defensa de los derechos del trabajador

Uno de los últimos casos de vulneración de los derechos de un trabajador que he atendido en mi despacho,  es el que me trajo a Carol. M. V., secretaria en una empresa desde hacía 10 años y con un salario de 1.200 €,que me explicó como hacía dos semanas había comunicado en el trabajo que se encontraba embarazada. Me contaba que en principio todo fueron felicitaciones, pero hace dos días la llamaronde la oficina de recursos humanos y le comunicaron que estaba despedida. Le entregaron su carta de despido junto con finiquito de una cuantíade 2.000 €.

Le informé del derecho del trabajador ante un despido a denunciarlo y de los pasos a seguir para poder reclamar como improcedente ese despido. El siguiente paso fue conseguir toda la documentación necesaria: Certificados de la Seguridad Social, vida laboral,carta de despido, nominas, finiquito, etc…

Presentamos una demanda de conciliación laboral ante el CMAC (Centro de mediación, arbitraje y conciliación) reclamando por el despido improcedente. Llegado el día de la celebración del acto de conciliación, llegamos a un acuerdo con la empresa por el cual reconoció la improcedencia del despido e indemnizó a  la Sra. Carol. M. V.

Gracias al asesoramiento recibido y a mi experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores, la Sra. Carol M.V.fue indemnizadapor todos los conceptos a cobrar 20.000 €.

En definitiva, en el caso de que usted crea que ha sido vulnerado alguno de sus derechos como trabajador, o necesite saber cuáles son los derechos del trabajador, la mejor decisión es acudir a un abogado con experiencia en derecho laboral, porque le podrá asesorar y resolver adecuadamente su problema. Busque un buen abogado,  profesional y experto en este tipo de cuestiones.

 

12.- Pérdida de un ojo

Hace algo más de un año tuve la oportunidad de llevar un asunto relacionado con lo anteriormente explicado. Se produjo un grave accidente de trabajo en Madrid, en una obra donde algunos operarios terminaron heridos.
En principio, la mayoría de ellos no tuvieron mayores complicaciones, y tras un periodo de baja laboral volvieron a ocupar sus puestos de trabajo. Sin embargo, José G. L. recibió una esquirla en un ojo, que le hizo perder la visión en el mismo.
En principio, la cosa se desarrolló sin mayores problemas. El trabajador estuvo de baja y cobró suprestación de la Seguridad Social más el complemento que la empresa estaba obligada a abonarle.
Sin embargo, cuando los facultativos determinaron la imposibilidad de que el trabajador, un técnico especializado, pudiera volver a realizar su trabajo debido a la pérdida de visión en un ojo, la cosa empezó a ponerse difícil.

En primer lugar, porque la mutua le reconocía una indemnización inferior a la que José G. L. estimaba como procedente, y en segundo lugar, porque el accidente se produjo por causas achacables a la empresa.
Efectivamente, en el momento del siniestro no había nadie encargado de la supervisión de las normasinternas sobre riesgos laborales, y puesto que el responsable aún no las había llevado, mi cliente no pudo acceder a las protecciones necesarias, con las que el daño en el ojo no se hubiera producido. El encargado de la obra en ese instante decidió que había que ponerse a trabajar, a pesar de la falta de esos elementos de seguridad, estimando que no tardarían en llegar; pero evidentemente lo hicieron demasiado tarde.

El resultado del procedimiento judicial al que José G. L. tuvo que acudir para defender sus derechos fue de lo más satisfactorio. Con mi asesoramiento y defensa jurídica, y gracias a que contamos con la asistencia de un adecuado equipo de peritos, el cliente consiguió una indemnización que superaba en algo más de 3.000€ lo ofrecido por la mutua de accidentes. Y además, la empresa, como responsable de los daños, fue condenada a pagar a José G. L. un recargo de prestaciones, es decir, una cantidad mensual de cerca de 500 €, además de la pensión por invalidez a la que tuvo derecho.

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13.- Amianto y riesgos derivados

A mi despacho de Madrid acudió Ramiro F. L., quien era Alcalde de un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. Su pesar resultaba difícil de asumir dado que hacía poco tiempo le habían diagnosticado cáncer de pulmón, enfermedad de la que había fallecido su esposa un año atrás y, además, otros 20 vecinos de su pueblo estaban aquejados de diferentes dolencias cancerígenasde diferente gravedad en cada caso.

El motivo no era otro que una fábrica muy cercana al pueblo que, desde hacía décadas, elaboraba fibrocemento a partir de amianto. Pues bien, al ser una población pequeña sus calles no habían estado siempre asfaltadas y precisamente por ello, se admitió que la empresa en cuestión esparciera residuos de amianto por las calles a modo de asfalto, lo que provocaba en el aire gran concentración de polvo de asbesto.

Lo que en un principio parecía un progreso para el municipio había dado lugar a la gravísima enfermedad de muchos vecinos, algunos de los cuales también trabajaban en dicha fábrica. El Alcalde a su cabeza buscaba mi experto asesoramiento para que, al menos, el sufrimiento experimentado ya y el que quedaba por venir para él mismo y sus vecinos no fuera en vano.

La demanda judicial era la única vía para el reconocimiento de indemnizaciones. Me desplacé al pueblo en cuestión y en el salón de actos del Ayuntamiento traté de exponer la situación, los pasos a seguir y. lo más importante, cuántas personas estaban dispuestas a demandar. En total fueron 18 personas,incluyendo los hijos de dos fallecidos a esa fecha y a los que instruí sobre el hecho de que ellos, como herederos, podían reclamar las indemnizaciones en nombre de sus familiares.

La demanda fue presentada un mes después reclamándose en concepto de indemnizaciones y en total la cifra de 3.345.540,57€ en concepto de daños y perjuicios más los intereses legales del dinero devengados desde la interposición de la demanda. El motivo que fundamentaba la pretensión era la responsabilidad extracontractual de la empresa, dando lugar así a daños materiales como son las enfermedades ocasionadas así como los daños morales derivados de las mismas.

La responsabilidad contractual que reconoce nuestro Código Civil supone que quien causa daños con ocasión de su culpa o negligencia debe resarcirlo. El daño se había producido y la negligencia de la empresa también, pero bajo mi experta tutela fueron llevados a juicio sendos informes de dos peritos.El primero, Doctor en Neumología, respecto de las enfermedades ocasionadas y la segunda, Doctora en Neuropsicología y Psicología Clínica, a fin de explicar los daños morales ocasionados. Sin ambos profesionales las probabilidades de éxito hubieran sido nulas.

Se alegó por parte de la empresa demandada, en primer lugar, la prescripción de las acciones y, en segundo lugar, la falta de relación de causalidad por cuanto se habían observado las prevenciones necesarias en el tratamiento del amianto. Es en este caso cuando la experiencia contrastada de un abogado conocedor del ámbito del amianto y riesgos derivados entra en juego y permite inclinar la balanza.

Respecto de la prescripción de acciones se alegaba que el periodo para poder ser éstas ejercitadas era de un año desde la producción del daño (y no pasados más de 10 años y en algunos 20 años desde el inicio de la contaminación de los vecinos).

Ello habría prosperado de no ser porque en mi experiencia profesional conozco la reiterada jurisprudencia que entiende que dicho plazo ha de interpretarse de manera restrictiva y la prescripción de acciones está pensada para quien hace gala de dejadez en el ejercicio de sus derechos y no para quien, como en el presente caso, ejercita éstas cuando es conocedor de las consecuencias en forma de enfermedad.

En segundo lugar, la relación de causalidad también fue demostrada sin remisión. Ya sea en el caso de los propios trabajadores de la factoría, como en el de los familiares que con éstos convivían y, por supuesto, a la hora de asfaltar calles vecinales produciendo un cancerígeno polvo de asbesto sin control alguno. Por último, la supuesta diligencia manifestada por la empresa no fue considerada suficiente por Su Señoría, quien entendió que la diligencia exigida en este tipo de casos ha de ser infinitamente mayor cuando se trata de la manipulación de sustancias tan sumamente nocivas.

La empresa fue definitivamente condenada a pagar indemnizaciones por un total de 2.935.540,62€ al minorar ligeramente los daños morales alegados. Ello hace de media la cantidad de 163.085€ por cada una de las 18 personas afectadas. Sin el conocimiento jurídico suficiente por parte de un abogado experto en la materia quién sabe si hubiera existido indemnización o la cuantía ridícula de ésta.

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14.- Indemnización por despido

el Sr. Alejandro D.P. visitó mi despacho buscando asesoramiento de un abogado laboralista, después de escuchar esas letales palabras. Empezó a trabajar el día 1 de junio de 1999 y fue despedido el 1 de Diciembre de 2014. Su sueldo base eran 1.700 € y tenía dos pagas extraordinarias. Quería saber si le correspondía indemnización y en su caso, la cuantía de la misma. Su despido fue declarado improcedente.

1.- Determinar el salario diario a partir del salario anual

Multiplicar el salario base por 12 mensualidades:
Salario base: 1.700 x 12 = 20.400 €

En este caso, El Sr. Alejandro D.P tenía derecho a 2 pagas extraordinarias, que se calculan del siguiente modo:
Paga extraordinaria: 1.700 x 2 = 3.400 €

Sumando los anteriores, obtenemos el salario anual:
20.400 + 3.400 = 23.800 €

El salario diario es el resultado de dividir la anterior cuantía entre 365:

23.800 / 365 = 65’20 €

2.- Hallar los días de indemnización.

Como consecuencia de la reforma laboral de 2012, debemos distinguir dos periodos para el cálculo de la indemnización, puesto que el contrato del Sr. Alejandro, estaba formalizado con anterioridad al l2 de Febrero de 2012.

Desde el alta inicial (1 de junio de 1999) hasta el 11 de febrero de 2012: 45 días de salario por año de servicio. Esto totaliza 12 años y 9 meses (4585 días).

45 días ———- 360 díasLos días de indemnización serán: 573,12 días

X   ———- 4.585 días

Utilizaremos una regla de tres para determinar los días de la indemnización:

45 días ———- 360 días

X   ———- 4.585 días
Los días de indemnización serán: 573,12 días

A partir del 12 de febrero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2014: a razón deUtilizaremos nuevamente una regla de tres para calcular los días de la indemnización:
33 días por año de servicio. Esto totaliza 33 meses (990 días).
Utilizaremos nuevamente una regla de tres para calcular los días de la indemnización:

33 días ———- 360 días

X     ———- 990 días

Los días de indemnización serán: 90,75 días

La suma de los dos anteriores (573,12 días + 90,75 días) totalizará 663,87 días.

La indemnización tiene un importe máximo de 720 días de salario por año trabajado. Si el primer periodo hubiese superado el importe máximo, únicamente se aplicarían los días resultantes de ese primer periodo como indemnización por despido. En el presente caso, el resultado de días no supera el límite establecido por lo que se tomarán esos 663,87 días.

3.-Determinar el importe total de la indemnización.

Para obtener la cuantía final de indemnización, haremos una simple operación, multiplicar el salario diario por los días de indemnización que le corresponden al Sr. Alejandro D.P.:

65,20 x 663,87 = 43.284,32 €

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15.- Indemnización por accidente de trabajo

En la mañana del 14 de diciembre de 2013 se registró un accidente de trabajo en un astillero barcelonés, en el que se trabajaba sobre un buque mercante con dimensiones de 98 metros de eslora por 15,5 de manga. Se produjo una explosión por acumulación de gases en uno de los compartimentos estancos de la sala de máquinas, donde se estaba procediendo a cambiar el motor de propulsión de la nave.

En el accidente resultó herido por quemaduras e intoxicación uno de los trabajadores, Miguel Ángel. R. G., y otro, Diego. P. G., por lesiones por contusiones. Ambos fueron trasladados al hospital privado concertado por la empresa, pero uno de ellos fue reenviado posteriormente a otro centro con una unidad especializada en quemados. El dictamen médico identificaba quemaduras de primer y segundo grado en zonas determinadas de la cara y el cuerpo del trabajador afectado. El otro trabajador recibió el alta médica al día siguiente.

Los signos que presentaba el obrero quemado se concentraban en el rostro, las manos, los brazos y antebrazos y el plexo solar. No llegó a haber pérdida de piel ni carbonización, salvo en partes muy localizadas del rostro y del cuello. La mayoría de las quemaduras eran superficiales, aunque con dolor intenso y descamación de la piel.

Mientras que el trabajador que sufrió lesiones por el golpe de la explosión fue dado de alta al día siguiente tras permanecer 24 horas en observación (y renunció a toda indemnización), el trabajador peor parado permaneció 32 días en el centro hospitalario. Obtuvo la baja laboral el mismo día del accidente y permaneció en tal situación durante dos meses y una semana desde el accidente laboral en un astillero de Madrid.

El protocolo de actuación y coordinación entre instituciones públicas en estos episodios, supuso la incoación de un atestado elevado al juzgado por los agentes policiales que se presentaron en el astillero para levantar el correspondiente atestado. Por su parte, según el informe del servicio de bomberos que acudió al lugar del siniestro, la deflagración se produjo por acumulación de gases en uno de los compartimentos estancos en los que se trataba de abrir un boquete en uno de los mamparos con un soplete de oxicorte, que trabaja a unos 750 grados de temperatura.

Toda soldadura o corte chapa que se haga en el interior de un buque en construcción o reparación, precisa por la normativa especial aplicable de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la ley 54/2003, y los convenios colectivos de empresa o provinciales, incorporar imperativamente unas medidas de seguridad que abarcan la presencia de un bombero especializado, trajes especiales de protección y potentes sistemas de aireación contra los gases. No obstante, no es menos necesario el sentido común y la experiencia a cada caso.

El parte médico hacía constar que el trabajador soldador había recibido el impacto de la deflagración y las quemaduras de primer y segundo grado repartidos por parte de las extremidades, rostro, cuello y parte superior del cuerpo, principalmente torso y hombros. El otro compañero, que estaba del otro lado del mamparo (tabique de acero que separa las estancias), sufrió lesiones leves, traducidas en unas magulladuras que no le impidieron regresar a su puesto de trabajo.

La empresa naval en la que trabajaban ambos operarios, buscó una solución pactada con ellos,ofreciendo dinero compensatorio por los problemas causados. El más afectado no aceptó el acuerdo y decidió acudir al despacho. El otro renunció. Los abogados laboralistas son los especialistas que mejor pueden valorar si una situación como esta es susceptible o no de promover una demanda o denuncia, en función del caso concreto.

El juzgado de Instrucción en funciones de guardia inició diligencias previas incluyendo el atestado policial, el informe de los bomberos y las declaraciones de testigos, compañeros y el encargado de la obra en cuestión, así como del empresario propietario del astillero. El órgano judicial ofreció las acciones pertinentes a los dos afectados, para determinar, en síntesis quién es responsable y quién paga el accidente de trabajo.

La reclamación presentada en nombre del trabajador afectado se basaba en la tipificación que ofrece para estos casos el Código Penal. En concreto los artículos 316 y 318. El Ministerio Fiscal se personó como parte, incluyendo a los dos trabajadores, aunque incluyendo la responsabilidad civil para uno de ellos. La ley castiga las conductas de los que están obligados a prestar los medios y métodos de prevención y seguridad laborales, y no lo hacen. La pena de prisión oscila entre los seis meses y los 3 años, además de la multa de 6 a 12 meses.

En el escrito que se presentó por la parte afectada, y en virtud de la amplia y clara definición legal de accidente de trabajo, se solicitaba el reconocimiento por el juzgador del fallo en el sistema de prevención al que está imperativamente obligado el empresario, y que todas las consecuencias económicas de las lesiones personales y materiales fuesen naturalmente a cargo de la empresa.

Por su parte, la empresa, que si bien no cuestionó que la acumulación de gases fuese la causa del siniestro, de modo que admitió implícitamente su responsabilidad en la indemnización del accidente de trabajo, sí que alegó en su defensa que la relevancia de las quemaduras había pasado en intensidad de primer a segundo grado, en algunos casos, como consecuencia de la relajación por parte del propio trabajador a la hora de enfundarse correcta e íntegramente el traje especial de trabajo.

Nuestro despacho pedía el reconocimiento de la grave situación en la que incurrió el empresario, además del pago de los días que el trabajador estuvo de baja laboral, la compensación minorada por los días de recuperación y los daños y perjuicios causados. En total se solicitó al juez 26.800 €, sin perjuicio de los dos años de prisión para el empresario responsable y uno para la sociedad que manejaba el astillero.

El fiscal, en su escrito provisional también solicitaba la condena de empresa y empresario, de un año de prisión, (nuestro criterio eran dos años) por los delitos tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal, sin combinación con el artículo 129 del mismo cuerpo legal, que suma otra prestación del accidente de trabajo, y permite aplicar penas accesorias al centro de trabajo. En estos casos, los jueces suelen tener en cuenta que si el empresario y la empresa son doblemente condenados, se produce una moderación de las penas finales.

El accidente en sí se había producido por una situación ciertamente irregular en la planificación de las tareas que se llevan a cabo en los compartimentos de la nave. Mientras que en una zona se estaban pintando los mamparos (tabiques de acero separadores de las estancias), en la otra, en la que estaba en trabajador más afectado, este estaba generando un boquete para poder sacar el motor de la nave y sustituirlo por otro más potente, a petición del naviero.

No hubo comunicación interna de que las órdenes de trabajo se habían variado para cumplir esa petición del armador. Esto pudo acreditarse porque requerimos las órdenes de trabajo de ese día, y esto no se advirtió. De ese modo, se produjo la explosión, al combinarse los gases de la pintura y los de la combustión con la llama del soplete de corte de chapa naval.

Por el contrario, en las alegaciones presentadas por la empresa en su contestación al escrito del fiscal, se declaraba que el trabajador que sufrió quemaduras llevaba incorrectamente puesto el traje, lo que aumentó la intensidad de las lesiones. Este traje es una vestimenta muy pesada y que no deja libertad de movimientos a los trabajadores en zonas angostas y estrechas como los compartimentos de los buques. Se usa para zonas exteriores, pero  no es útil en las interiores.

Aceptada por el trabajador esta situación como verdadera, suponía un riesgo potencial, aunque menor, para nuestra línea argumentativa. Con todo, teniendo al Ministerio fiscal como parte acusadora en el procedimiento, se llegó a un acuerdo de conformidad de las partes, testimoniado ante el juez.

La conformidad supuso el cobro para el trabajador de 22.100 €, si bien se aceptó de esta parte y del Ministerio Público una rebaja de la pena para el empresario del mínimo previsto, seis meses, y una multa de 18.000€ para el empresario, evitando así las consecuencias más graves que propone el artículo 129 del Código Penal, referido a la posible suspensión de actividades o de cierre temporal de la empresa.

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